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NORMATIVIDAD SOBRE VICTIMAS DE  MAP, MUSE y AEI EN COLOMBIA

 


Para efectos de la asistencia a víctimas provenientes de la explosión de una mina antipersonal o munición sin explotar la legislación colombiana define las víctimas de la violencia política, en el artículo 15 de la Ley 418 de 1997, modificada y prorrogada por el artículo 6 de la Ley 782 de y la Ley 1106 de 2006, como:
 
 “se entiende por víctimas de la violencia política, aquellas personas de la población civil que sufran perjuicios en su vida, o grave deterioro en su integridad personal o en sus bienes, por razón de atentados terroristas, combates, secuestros, ataques y masacres en el marco del conflicto armado interno. Son víctimas los desplazados en los términos del artículo 1o. de la Ley 387 de 1997. Así mismo, se entiende por víctima de la violencia política toda persona menor de edad que tome parte en las hostilidades”.
 
La anterior definición se adecua a las normas del derecho internacional humanitario, según las cuales, en principio, las víctimas son personas naturales, civiles ajenas al conflicto. Los combatientes y no combatientes sólo serían considerados víctimas cuando sufran un daño o lesión causado  por una infracción al DIH, como sería, por ejemplo, un homicidio intencional, una mutilación, tortura u otros tratos crueles.
 
Igualmente en el artículo 5° de la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz, por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, “se entiende por víctima la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley. También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida.”
 
La condición de víctima se adquiere con independencia de que se identifique, aprehenda procese o condene al autor de la conducta punible y sin consideración a la relación familiar existente entre el autor y la víctima.
 
A diferencia de la Ley 418 del 1997 en la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz se considerarán como víctimas a los miembros de la Fuerza Pública, que hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de las acciones de algún integrante o miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley.  Asimismo, se tendrán como víctimas al cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad, de los miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo de actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él, como consecuencia de los actos ejecutados por algún integrante o miembros de los grupos organizados al margen de la ley.
 
Tendrán la calidad de víctima quienes se encuentren en las situaciones previstas en el artículo 5 de la Ley 975 de 2005, incluyendo a las víctimas del desplazamiento forzado ocasionado por las conductas punibles cometidas por los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley. Para el ejercicio de sus derechos dentro del proceso, la víctima deberá acreditar sumariamente su condición de tal, la cual, de ser procedente, será reconocida por la autoridad judicial. (Art. 11 Decreto 4760/ Parágrafo)
 
En el marco conceptual internacional, el 19 de abril de 2005, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó el conjunto de “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones (E/CN.4/2005/L.48. Abril 13 de 2005)”.  En sus parágrafos 8 y 9, este conjunto de principios señala lo siguiente: “se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario.
 
Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término "víctima" también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización. 
Una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima. 
 
Por su parte el Decreto 3990 de octubre 17 de 2007, por el cual se reglamenta la Subcuenta del Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes del Tránsito del Fondo de Solidaridad y Garantía, FOSYGA, se establecen las condiciones de operación del aseguramiento de los riesgos derivados de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito, eventos catastróficos y terroristas, las condiciones generales del seguro de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito, SOAT, y se dictan otras disposiciones, define en el Capítulo I, Artículo 1°, numeral 9, a la víctima como la persona que ha sufrido daño en su integridad física como consecuencia directa de un accidente de tránsito, un evento terrorista o una catástrofe natural.
 
A su vez, el Decreto 1290 abril 22 de 2008, por el cual se crea el Programa de Reparación Individual por vía Administrativa para las Víctimas de los Grupos Armados Organizados al Margen de la ley, define las víctimas en el Capitulo I, Artículo 2°. Como: las personas a las que se refieren el artículo 15 de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y el artículo 5° de la Ley 975 de 2005. Además define a los destinatarios o beneficiarios como las personas que hubieren sufrido daño directo como consecuencia de la violación de sus derechos fundamentales por acción de los grupos armados organizados al margen de la ley. Cuando a la víctima se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida, tendrán esa condición el cónyuge o compañero o compañera permanente o el familiar en primer grado de consanguinidad o primero civil de la víctima directa o aquellos que dependían económicamente de la misma.
 
Los Derechos cubiertos por el programa: Comprende los derechos fundamentales que hayan sido objeto de violación: A la Vida, a la Integridad física, a la Salud física y mental, a la Libertad individual, a la  Libertad sexual.
 
Dentro del marco de las Normas Internacionales para las actividades relativas a las minas (IMAS), en el glosario de términos y abreviaturas para las actividades relativas a las minas (IMAS 04.10) se define a la Víctima, Superviviente, como la persona que ha sufrido lesiones como consecuencia de un accidente provocado por una mina o munición sin estallar.
En el contexto de la asistencia a las víctimas, el término víctima podría incluir a los familiares a cargo de las personas que han sufrido accidentes provocados por minas, por lo que su significado es más amplio que el de superviviente. (IMAS 04.10 Glosario de términos y abreviaturas para las actividades relativas a las minas)
La Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres (ICBL) también define las víctimas de minas de un modo muy amplio, e incluye a “aquellos que, individual o colectivamente, han sufrido daños físicos, emocionales y psicológicos, pérdidas económicas, o un perjuicio considerable de sus derechos fundamentales a consecuencia de actos u omisiones relacionados con el empleo de minas.
 
Nota:   Se debe tener en cuenta que el Decreto 3990 está en discusión  y revisión con el fin de mejorar las condiciones de Atención en salud a las víctimas de MAP/MUSE/AEI
 
Fuente:http://www.proyecto-ingenio.org/index.php?codigo=66
 




Publicado en: 2010-01-18 (1213 Lecturas)

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